"Se viene el Gran Remate"

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una modificación de la Ley 1810-A que introduce un cambio en el destino de los vehículos alojados en el Depósito Judicial de 9 de Julio. A partir de esta reforma, los rodados decomisados y con pérdida de dominio podrán ser subastados si se encuentran en condiciones de uso o comercializados como autopartes.

Hasta ahora, la normativa contemplaba que estos vehículos debían permanecer en el circuito de compactación para su posterior venta como chatarra. Con el cambio aprobado, se abre la posibilidad de recuperar parte de su valor mediante otras alternativas de comercialización.

El diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, explicó que la modificación permitirá que los vehículos que todavía puedan utilizarse sean vendidos a través de subastas públicas. En los casos en que no estén aptos para circular, se podrá evaluar su aprovechamiento como autopartes.

Controles para determinar qué vehículos podrán venderse

La aplicación de la nueva normativa dependerá de la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo provincial. Según explicó Córdoba, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Seguridad serán las encargadas de evaluar el estado de los rodados y determinar si cumplen con las condiciones necesarias para su comercialización.

La reglamentación también podría establecer criterios vinculados con los modelos de los vehículos y los requisitos que deberán cumplir antes de ser incluidos en una subasta.

Un objetivo económico y ambiental

Entre los fundamentos de la reforma se encuentran la posibilidad de generar mayores ingresos para el Estado y reducir el impacto ambiental asociado a la acumulación de vehículos abandonados o destinados a convertirse en chatarra.

La venta de un automóvil que todavía funciona puede representar un ingreso superior al que se obtendría por su peso como metal para reciclaje. Al mismo tiempo, se busca evitar que la acumulación prolongada de estos rodados genere problemas ambientales.

Además, la modificación contempla la definición de objetivos y finalidades para los fondos que se recauden con estas operaciones, aunque su implementación quedará sujeta a los detalles que se establezcan en la reglamentación correspondiente.

Con esta decisión, San Juan avanza hacia un esquema que permitirá dar un destino alternativo a los vehículos decomisados, aprovechando aquellos que todavía tienen valor comercial y estableciendo controles previos para garantizar su correcta disposición